¿Quiénes son los patriotas?

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Mark Twain, uno de los autores más críticos de la sabiduría convencional que ha tenido EEUU, escribió frecuentemente que el concepto de patriotismo, en cualquier país, es uno de los más utilizados para esconder intereses de grupos sociales que quieren mantener, por todos los medios, sus privilegios utilizando el sentimiento patriótico como mecanismo de movilización popular, identificando sus intereses particulares con los intereses de lo que llaman patria. Antonio Gramsci, en Italia, uno de los analistas más importantes que han existido en Europa de cómo el poder se reproduce en las sociedades, subrayó con gran agudeza la función ocultadora de los símbolos de la patria para defender los intereses de las clases dirigentes.

España (y Catalunya dentro de ella) es un ejemplo claro de lo que Mark Twain y Antonio Gramsci indicaron. Las derechas han sido siempre las que se han presentado como las grandes defensoras de la patria, defensa que requiere los máximos sacrificios de los que están a su servicio. Uno de los eslóganes de la Guardia Civil (el cuerpo de policía armado que históricamente ha tenido la función de mantener el orden público y reprimir cualquier agitación social que cuestionara las relaciones de poder existentes en España) era “Todo por la patria”, lo que podía significar incluso la pérdida de la vida de los guardias civiles aunque también, mucho más frecuentemente, la de los represaliados. La Monarquía, el Ejército y la Iglesia han sido siempre las estructuras institucionales que han defendido el poder de los grupos dominantes en las esferas financieras y económicas (y, por lo tanto, políticas y mediáticas) del país, utilizando el amor y el compromiso con la patria como mecanismo de movilización popular en defensa de sus intereses. Las pruebas históricas que avalan esta utilización de la patria para dichos fines particulares son robustas y abrumadoras.

Tales instituciones de derechas son pues las que se consideran a sí mismas como las defensoras de la patria. Hace sólo unos días, el diario monárquico profundamente conservador ABC ponía en portada a la Duquesa de Alba como la gran defensora de la patria española acusando a los catalanes de ser poco patriotas (11 Nov. 2012). Tal personaje es una de las terratenientes más importantes de España y está entre los que reciben mayores subsidios del estado español y de la Unión Europea, a cargo del erario público. Su linaje familiar, por cierto, ha jugado un papel clave, junto con otros terratenientes, en reproducir una situación en el campo andaluz responsable, en gran parte, de la pobreza de las poblaciones rurales de aquella parte de la patria española.

Pero la credibilidad de tal tesis (de que las derechas son las que sostienen el patriotismo) depende, en gran medida, de lo que se entienda por patriotismo, el cual, como la mayoría de sentimientos, no es fácil de definir. Después de todo, ¿qué quiere decir amor a la patria?

¿Qué es patriotismo?

Pero, independientemente de las muchas maneras mediante las que tal concepto y sentimientos puedan definirse, sí que debería haber un componente que coincidiera en todas las definiciones posibles. Y éste es que el amor a la patria debería incluir amor a la ciudadanía de la entidad así definida. No se puede amar a España (o a Catalunya) sin estar dedicado al bienestar de la población que constituye tal país (España y/o Catalunya). Y, puesto que la mayoría de la población pertenece a las clases populares, un indicador de patriotismo debería incluir como elemento definitorio el compromiso y dedicación a la mejora del bienestar de las clases populares. No se puede amar a España (y a Catalunya) sin este compromiso, pues de lo contrario se tiene una visión excesivamente esencialista, casi mística, de lo que es la patria, una concepción poco coherente con la vida real de las personas. En realidad, si la definición de patriotismo no incluye un compromiso por mejorar la vida y bienestar de la mayoría de la población, entonces hay que sospechar que el concepto de patriotismo está siendo utilizado, confundiendo los intereses de la patria con los de un sector minoritario de la población.

Parecería, pues, razonable aceptar, incluso por las derechas, que un elemento común de tal patriotismo fuera la dedicación de las fuerzas patrióticas al bienestar del pueblo, que en términos cuantitativos, serían las clases populares, clases populares que en cualquier país incluyen las clases trabajadores y las clases medias de renta media y baja.

¿Son patriotas las fuerzas que se autodefinen como tales?

Pues bien, tal dedicación puede evaluarse incluso numéricamente. Como decía Mark Twain, el amor no puede cuantificarse, pero sus consecuencias sí. Veamos, pues, los datos. En aquellos países de Europa donde las derechas (que se autodefinen como las fuerzas patrióticas) han tenido más poder históricamente, tales como el Sur de Europa (España, Grecia y Portugal), el nivel de desarrollo económico, social y político ha sido el más bajo de la Unión Europea. Los datos son abrumadores. Tanto el PIB per cápita como el gasto público social per cápita, o el número de recursos públicos (desde transferencias públicas, como pensiones, hasta servicios públicos, como sanidad y educación, que contribuyen enormemente al bienestar y calidad de vida de las clases populares) han sido, y continúan siendo, los más bajos de la UE-15. Es también en estos países donde los ingresos al Estado son los más bajos, donde la política fiscal es más regresiva y menos redistributiva, donde hay más fraude fiscal y donde hay mayores desigualdades y concentración de la riqueza.

Estos datos permiten, entonces, hacerse la pregunta ¿dónde está el amor a España de los súper patriotas españoles? Su compromiso con el bienestar de la población parece estar muy sesgado hacia ciertos grupos y clases sociales, a costa de los intereses de la mayoría de sus poblaciones. La evidencia de ello es abrumadora. Así como es también abrumadora la evidencia de que este sesgo clasista del patriotismo aparece en varios momentos de la historia de este país. En todos ellos, cuando el gobierno elegido por la ciudadanía a través de procesos democráticos llevó a cabo políticas públicas que beneficiaron a las clases populares, reduciendo los privilegios de los grupos y clases sociales antes mencionados, las derechas superpatriotas se rebelaron militarmente para interrumpir tales políticas. En España, los superpatriotas –la Iglesia, el Ejército, la Monarquía, la banca y la oligarquía empresarial- establecieron un régimen enormemente represivo (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000, según el Catedrático Malefakis, de la Columbia University, experto en el fascismo europeo) que dañó enormemente a la mayoría del pueblo español. Cuando el golpe militar de 1936 ocurrió, el nivel de desarrollo económico español era casi idéntico al italiano. Su PIB per cápita era semejante al PIB per cápita italiano. Cuando la dictadura terminó, en 1978, España tenía un nivel de riqueza que era sólo el 68% de la italiana. Este fue el coste que aquel supuesto patriotismo significó para el pueblo español. El golpe militar se realizó no para salvar la patria sino para que la Iglesia pudiera continuar controlando la educación de los españoles y también la tierra que poseía (la Iglesia era el terrateniente con mayor extensión de tierra en España. Hoy es el segundo); para que la Monarquía continuara siendo el sistema político que garantizara el dominio por parte de las derechas de los aparatos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, la Judicatura y las Fuerzas del Orden; para que el Ejército tuviera sus privilegios, garantes de la unidad de la Patria (convirtiendo al Ejército en instrumento de represión interna); para que la banca y la oligarquía empresarial pudieran mantener sus escandalosos privilegios (que todavía se mantienen hoy, como queda claro con la excesiva protección de la banca frente a los desahuciados); y así un largo etcétera.

La oposición popular a tales medidas regresivas del sistema establecido por los supuestos patriotas explica la enorme represión que caracterizó aquel periodo de dominio del estado por las derechas supuestamente patrióticas. Su carácter nacional, por cierto, quedó negado por el hecho de que su victoria se debiera primordialmente a la ayuda que les prestó la Alemania nazi y el fascismo italiano. Sin esta ayuda extranjera, el golpe militar no podría haber conseguido parar la oposición a tal golpe.

¿Dónde estaba y dónde está ahora el amor a España de los supuestamente patriotas?

Esto podría también preguntarse hoy al gobierno de derechas español, que está llevando a cabo el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más feroz al bienestar de las clases populares. Hoy se están haciendo reformas que afectan muy, pero que muy negativamente al bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares. La evidencia de ello es contundente. Nunca antes en el periodo democrático, el ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español ha estado bajo un ataque tan frontal. Y este ataque se está haciendo para el beneficio de los mismos intereses económicos de siempre: el capital financiero español y el mundo empresarial de las grandes corporaciones, a costa del bienestar de todos los demás. De nuevo, la evidencia de ello es robusta y convincente.

Y todo ello se hace justificándose con la necesidad de aplicar tales políticas de austeridad que son –según el establishment español- las únicas posibles, lo cual es fácil de demostrar que no es cierto. Podrían aplicarse otras que no afectarían a los intereses de las clases populares, afectando, en cambio, a los intereses de los grupos que, de nuevo, se presentan como superpatriotas, defensores de España. Esta desfachatez (y no hay otra manera de definirlo) se hace violando la soberanía de la Patria que dicen amar tanto, obedeciendo dócilmente al gobierno alemán, como lo hicieron también en los años treinta. Es la repetición de la historia. Ahora, como entonces, los superpatriotas utilizaron la bandera para defender sus intereses de clase. Así de claro. Y haciéndolo así están traicionando, una vez más, al pueblo español.

Hoy, en España, los movimientos de protesta social que salieron a la calle ayer, en la Huelga General, en defensa de los derechos de las clases populares y de la soberanía de España son los auténticamente patriotas, entendiendo como tales a los que defienden a la mayoría de la ciudadanía frente a una minoría que defiende sus propios intereses y los de sus aliados internacionales, incluyendo las elites financieras que dominan el gobierno alemán.

Una última observación. Le ruego al lector que haya considerado de interés este artículo, que lo distribuya ampliamente, pues los medios de mayor difusión no publican jamás este tipo de artículos. La dictadura mediática exige una respuesta movilizadora que permita presentar otros puntos de vista distintos y críticos de la sabiduría convencional del país que se reproduce a través de tales medios.

La estafa de la deuda pública

Por Vicenç Navarro
Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

Para leer el artículo completo ir al siguiente enlace: http://www.vnavarro.org

La gran estafa: el Presupuesto de 2013

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
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