De nuevo el gobierno de Mariano Rajoy se desdice de sus promesas y ya es la enésima vez. Terminaré antes diciendo que todo lo que el PP dijo en campaña electoral era mentira y no lo digo yo solamente, también lo ha manifestado el senador popular Jesús Aguirre que ha dicho muy clarito que “ya no estamos en campaña electoral y que hay que empezar a decir la verdad”. Una que es muy crédula pensaba que las campañas se hacían para informar fehacientemente a los ciudadanos de los programas de Gobierno para que éstos decidan su voto. Pero habrá que tomar nota de que esto no es así para próximos comicios.
Después de comprobar que nos mentían en muchísimos aspectos que afectan a nuestra calidad de vida, como la reforma laboral, la congelación de salarios, etc, etc, ahora le toca el turno a la Educación y la Sanidad. En el primero de los casos, ya tenemos constancia de que la escuela pública pasará a ser residual, tendrá pocos medios y la calidad de la enseñanza se verá seriamente afectada.
Y ahora toca hablar de Sanidad, un apartado que jamás tocarían, en palabras del propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero sí lo harán y lo harán como están haciendo todo, sin negociar con nadie, informando poco y mal y, me atrevería a decir, con nocturnidad y alevosía. Empiezan por el pago de las medicinas -luego vendrán más cosas no lo duden-. En este primer apartado han decidido que los jubilados y pensionistas han de abonar entre un 10 y un 20% del coste de sus medicinas en función de la renta. Las personas que están en activo pasarán de abonar un 40 a un 50% y las rentas de más de 100.000 euros al año (o sea los menos y los que tienen mayor capacidad económica) pagarán un 60%. Conviene recordar que los medicamentos ya los pagamos por la vía de los impuestos, que no nos dan nada gratis.
Con esta medida muchos pensionistas que malviven con 400 euros -o menos- se verán obligados a decidir entre tomar un medicamento o hacer tres comidas diarias, porque lo que cobran no da para sufragar ambas cosas. Claro que así, a lo mejor se mueren que es lo que se necesita, según la presidenta del Fondo Monetario Internacional.
Pero este asunto tiene otras muchas consecuencias. Primero, el Gobierno ya anunció que tendrá que emitir nuevas tarjetas sanitarias para todos los ciudadanos, mucho más sofisticadas que las que tenemos actualmente y que supondrá un gasto aproximado de 900 millones de euros. Éstas deberán de contener datos sobre nuestros ingresos, para que las farmacias sepan qué porcentaje habrán de cobrarnos por los medicamentos. Y aquí se produce, a mi juicio, una total vulneración del derecho a la privacidad que, se supone, tenemos todos los ciudadanos.
Porque, a partir de esta medida, cuando entreguemos nuestra tarjeta para adquirir algún medicamento, el responsable de la botica sabrá inmediamente cuales son nuestros ingresos. Evidentemente, de ahí a publicarlo en los tablones de anuncios de cualquier organismo oficial o extraoficial, no hay ni un paso.
Ah, por cierto, de todo esto nos enteramos, como viene siendo habitual, por una filtración en México donde se encuentra en viaje oficial el presidente del Gobierno. Cuándo se nos informará en nuestro propio país de los acuerdos que afectan a nuestra vida cotidiana.
Mañana seguiremos hablando de Sanidad, porque ahí viene la amenaza de cobrar por las recetas y por las consultas, veremos como se nos desmorona el estado del bienestar.
Enlace al blog: Pitusacaruncho
Fermín Goiriz Díaz 