por Pitusa Caruncho
El Partido Popular goza de una mayoría absoluta en el Parlamento que le permite aprobar cualquier iniciativa, pero eso no le garantiza tener siempre la razón y mucho menos le faculta para menospreciar e, incluso me atrevería a decir, insultar a los que no piensen como él. Porque su grupo representa a un 33% del electorado y a un 44% de votantes, por lo tanto, hay un amplio sector de la ciudadanía que no está de acuerdo con sus principios y tiene todo el derecho -así se recoge en la Constitución- de mostrar su desacuerdo de la única forma que puede hacerlo, en la calle.
Y, ni el presidente del ejecutivo, ni sus ministros, ni los miembros de su grupo político, ni la lideresa de Madrid, pueden permitirse insultar a los discrepantes, diciendo cosas como que provocan altercados, algarabías callejeras y otras perlas o, simplemente mandando callar a la oposición en un tono que resulta intolerable en un estado democrático.
Parece que los populares gozan de mala memoria y se olvidaron ya de las muchas veces que salieron a la calle -en la mayoría de las ocasiones acompañados por la iglesia- para reclamar lo que creían justo, sin que nadie les demonizase por ello.
Por cierto, la culpa de la profunda crisis que estamos viviendo la tenía el ex-presidente Zapatero y todo se iba a arreglar tan pronto como el PP llegase al poder. Pues bien, ahora que están donde ansiaban, la crisis se ha transformado en europea y la solución parece que va a demorarse unos cuantos años. Mientras la cifra de parados seguirá creciendo, en palabras del propio presidente.
Supongo que la crisis se terminará cuando la ciudadanía esté totalmente empobrecida y sin posibilidades de acceder a una educación que les permita progresar y los gobernantes y su entorno social se hayan enriquecido suficientemente.
Mariano Rajoy y su gobierno deberían de reflexionar también sobre la necesidad de hablar con el resto de los grupos políticos, sindicatos y representantes de los ciudadanos antes de tomar unas decisiones que están poniendo en serio riesgo lo que hasta ahora conocíamos como estado del bienestar. Pero no lo hacen, en el error de que su mayoría absoluta les avala para no consensuar nada con nadie. Ni siquiera se ven en la obligación de explicar sus medidas ni qué resultados esperan conseguir con ellas, salvo la reducción del déficit. Que si es importante, pero no lo es menos, poner en marcha mecanismos que permitan incrementar la inversión y con ello la producción.
Pero sospecho que para tomar estas medidas habrá que esperar a que lo autorice la señora Merkel.
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