Por: Gonzalo Fanjul
En ocasiones no es cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la salud.
El Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500 millones de euros del gasto sanitario. Eso es, sencillamente, imposible de saber. En primer lugar, el número de extranjeros que residen irregularmente en nuestro país es enormemente vaporoso. En segundo lugar, la imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de sus posibilidades. En tercer lugar, la ‘desaparición’ sanitaria de una población de esta envergadura puede generar problemas de salud pública cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este momento uno de los países desarrollados con mayor número de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con variantes extremadamente peligrosas que se concentra en algunos grupos de población inmigrantes.
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